En mijubilacion.com creemos que mantenerte informado de tus derechos es fundamental para que puedas encarar una planificación conciente de tu futuro, pudiendo conocer y reclamar lo que las leyes te garantizan, y también elegir entre las diversas opciones que el mercado te ofrece para diversificar tus ahorros.

Por eso, y como la actualización empieza por casa, estamos emprendiendo una renovación de nuestro sitio web, basándonos en nuestro conocimiento de los temas provisionales, atendiendo las dudas y consultas que nos hacés llegar, e intentando mejorar la información que necesitás.

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Afiliados al sistema previsional de capitalización reclamaron ante la Justicia ser admitidos como querellantes en una causa en la que se investiga la manipulación del índice de precios al consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La razón es que la inflación influye en el valor de sus ahorros, dado que las AFJP tienen gran parte del dinero invertido en bonos públicos ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

El Dr. Fabián Bergenfeld, abogado de los afiliados querellantes, explica que “si la distancia entre la inflación real y la difundida por el Gobierno es de unos 20 puntos, la defraudación sería por unos 8400 millones de dólares al año para todos los tenedores de bonos”.

Los títulos de deuda pública que las AFJP tienen en su cartera constituyen más del 50% de los ahorros de sus afiliados, y la manipulación de los datos de la inflación, según el Dr. Bergenfeld, afecta la futura jubilación de los aportantes, así como también el haber mensual de quienes ya están retirados.

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En un fallo sobre una causa promovida por una ahorrista, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las normas de emergencia que habían pesificado los contratos de renta vitalicia pactados por una ahorrista para asegurar su retiro jubilatorio (renta vitalicia previsional).

Pero al hacerlo la Corte también estableció otro parámetro interesante en momentos en que se discute una ley de movilidad previsional: " La Constitución garantiza una adecuada relación entre el haber de pasividad y el nivel de ingresos laborales. Independientemente de las conocidas diferencias entre el sistema de capitalización y el de reparto, no puede prescindirse de la doctrina de la Corte sobre movilidad de las jubilaciones".

Según el voto de la mayoría, la renta vitalicia merece una tutela particular, porque es una jubilación o retiro definitivo por invalidez, que es contratada por un afiliado con una compañía de seguros de retiro y, por eso, se trata de una prestación previsional.

"La renta vitalicia previsional tiene una finalidad específica que es compatible con la tutela que la Constitución nacional otorga a los beneficios de la seguridad social. En el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la renta previsional es una modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez. Para la Corte , esos derechos tienen un “carácter alimentario” para asegurar los riesgos de la subsistencia y la protección integral de la familia.

La empresa, como parte de su actividad, asumió como riesgo el pago de tales rentas, por lo cual debe garantizarse el carácter integral de las prestaciones. De esa manera, el afiliado también se garantiza el mantenimiento de su nivel de vida.

Por eso, si la aseguradora asumió un determinado riesgo empresario no resulta razonable ni justo trasladar las consecuencias de su incumplimiento sobre la parte asegurada, que es la más débil del contrato. Es justamente la aversión del asegurado a ese riesgo la que justifica la celebración de este contrato, señala la Corte.

Tras una ajustada mayoría de 4 votos contra 3, la Corte Suprema de Justicia estableció en un fallo que los abogados de los jubilados, aún cuando hayan ganado los juicios de reajustes, no podrán cobrarles honorarios a la ANSES.

Los abogados que patrocinan reclamos jubilatorios suelen cobrarles a sus clientes un porcentaje de lo que estos obtienen, pero siempre pretendieron que la ANSES les pagara costas por honorarios.

Quienes están a favor de la decisión afirman que la medida sirve para desalentar la llamada ‘industria del juicio'. En cambio, el voto en disidencia dice que “la actuación del ANSES en la Justicia durante esta década puso en evidencia una utilización indiscriminada de recursos y defensas para dilatar la solución de los juicios y postergar el pago”; los jubilados están en condición de inferioridad con la ANSES y no se les puede pedir que sean solidarios con el organismo público.

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El Gobierno impulsará un proyecto de ley para modificar el régimen de trabajo en la actividad rural, con la intención de reformar las normativas laborales en sectores de alta informalidad, poniendo en marcha un nuevo sistema de financiamiento de la seguridad social para sectores de la actividad rural que se caracterizan por la alta rotación de personal.

El nuevo sistema prevé que, al facturar y cobrar sus ventas, a los productores -que seguirán teniendo la obligación de declarar mensualmente la nómina de sus trabajadores- se les retenga un porcentaje o un monto fijo predeterminado, para ser destinado al pago de prestaciones de la seguridad social.

Este régimen de corresponsabilidad había sido impulsado por la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores Rurales (Uatre), en la que señalan que ayudará a un blanqueo laboral. Habrá un único cambio en cuanto a las prestaciones a las que tienen derecho los peones: sus aportes jubilatorios se derivarán siempre al régimen de reparto, sin libertad de opción para ir a capitalización. La tarifa fijada en reemplazo de los aportes y de las contribuciones deberá garantizar recursos para las jubilaciones, las asignaciones familiares, la obra social, la cobertura de seguros por riesgos del trabajo y el financiamiento del PAMI. La alícuota se definirá en cada acuerdo.

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El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la regulación del trabajo a domicilio, con la intención de evitar fraudes que se producen, principalmente, en la actividad de talleres textiles.

El proyecto busca dejar en claro que en el trabajo a domicilio existe una relación de dependencia, con la característica especial de que se realiza "en el domicilio del trabajador o en otro lugar elegido libremente por él, sin la vigilancia directa de su empleador".

Estos serían algunos de los puntos contemplados:

•  la negociación colectiva incluiría la regulación de las condiciones de trabajo y salariales, "teniendo en cuenta el respeto al principio de igualdad de trato entre el trabajador que desempeñe igual tarea en el establecimiento del empleador"

•  el salario no deberá ser inferior al fijado por convenio para un trabajador de similar categoría que concurra a un lugar de trabajo

•  se establecería una indemnización por suspensión definitiva del contrato equivalente a un salario por año trabajado, y una compensación por la suspensión transitoria del trabajo.

•  respecto de las vacaciones, que hasta ahora no tienen regulación específica, se buscaría garantizar un tiempo de descanso, con un día de vacaciones por cada dos quincenas trabajadas.

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